El falso debate de la Sanidad

Tengo las suficientes experiencias lejanas y próximas con la Sanidad madrileña como para deducir la falsedad del debate gestión privada versus gestión pública, puesto que de la gestión se trata y no de la Sanidad, por empezar a ponerle el nombre preciso al debate con el que los políticos tratan de enmascarar los recortes. Bastaría conocer la normativa de las concesiones de la Administración Pública a las empresas privadas para percatarse, por ejemplo, de las condiciones que la ley exige  para garantizar el equilibrio económico de la que recibe la concesión. He visto contratos con complicadísimas fórmulas polinómicas y numerosos conceptos, encaminado todo ello a esa garantía. Se entenderá que con la concesión de la gestión se trata de optimizar ésta desde el supuesto, que parece universalmente aceptado, de que la gestión privada es más eficaz que la pública y, por tanto, menos onerosa; pero en ningún caso y menos en el de la Sanidad, de enriquecer a la empresa privada a costa de la salud de los madrileños.

Alguien podrá responder que eso es lo que dicen los políticos, y que ése es el debate. Pero yo contesto que es donde los políticos se encuentran cómodos, porque mientras desvían la atención con la polémica van acometiendo los recortes, que naturalmente imponen en los contratos de concesión, con lo que trasladan la falsa idea de que son los gestores los que los acometen, cuando, precisamente por la mayor eficacia de la gestión privada, ésta no necesita llevar a cabo recortes que en la pública resultan inevitables. Por poner un ejemplo, el despilfarro de capital humano que supone la jubilación a los 65 años de médicos cuya experiencia es de valor incalculable y para colmo adquirida en la Sanidad pública, que ahora los expulsa, no se le ocurriría ni al más torpe de los gestores privados, sino a unos tales aguirres, gonzálezes o lasquettys. Recuérdese el desparpajo con el que Esperanza Aguirre presumía poco antes de dar un paso atrás para –supongo- tomar impulso, que había descubierto unas magníficas partidas en las que recortar gastos. Y estaría bien si una de ellas fuera, por ejemplo, la de los inútiles asesores o los en principio necesarios gabinetes de Comunicación, que se vuelven tan inútiles como los asesores cuando se convierten en generadores de artificiales puestos de trabajo para allegados y en centros de propaganda y culto a la personalidad de los políticos que les pagan con dinero público, y que avergonzarían a los más consumados propagandistas de aquella prensa y radio del Movimiento del franquismo. Sin embargo, la gestión privada de la Sanidad carece de asesores inútiles y tiene dimensionados y empresarialmente digeribles gabinetes de comunicación, dedicados a la organización y difusión de importantes sesiones clínicas y no al culto al director del hospital que gestionan o de la empresa que lleva la gestión.

Insisto en que mis más recientes experiencias me permiten ver la falsedad del debate en el que tan a gusto se encuentran los políticos, aunque pueda parecer otra cosa. Por ellas conozco el Hospital del Niño Jesús y el Infantil de la Paz, ambos de gestión pública, y la del segundo, tan positiva como la del primero, la tuve que adquirir porque la jubilación de una experta doctora fue amortizada. Y conozco también por experiencia la Fundación Jiménez Díaz  –rescatada, no se olvide, por una empresa privada cuando estaba al borde de la desaparición- y de cuyos profesionales, gestión y renovadas instalaciones vanguardistas se sentiría orgulloso el mismísimo profesor fundador de este hospital universitario que lleva su nombre y que acaba de cumplir sus primeros 75 años de vida con una magnífica salud. Y escrito queda que la “concha” (Nuestra Señora de la Concepción) como era también conocido este centro, habría desaparecido si no hubiera acudido a su rescate una empresa privada, que lo ha convertido además en referencia de eficacia en la gestión, modernidad en las instalaciones, con prestaciones de vanguardia (hasta teletraducción para 50 idiomas, obviamente para los inmigrantes)  y capacidad del personal tanto médico como administrativo o de otros servicios, lo que lo convierte en uno de los centros más ambicionados por profesionales y pacientes.

El debate no está, pues, en gestión privada versus gestión pública. El debate está en si la pérdida de nivel de bienestar alcanzado por los españoles tiene que ser a costa de recortar presupuestos en la Sanidad y en la Enseñanza, que deben ser intocables. Pero a partir de ahí pretender que los gestores privados de la Sanidad madrileña equilibran o, peor, aumentan su cuenta de resultados a base de recortes en las prestaciones a las que están obligados, sería tanto como afirmar que en  la concesión de la construcción de una autopista se contempla la posibilidad de reducir costes en el hormigonado de los pasos elevados para garantizar los beneficios de la empresa que los construye. Sepan los ciudadanos que, siguiendo con el ejemplo de la Sanidad, mientras la gestión pública es incapaz de abaratar costes en medicamentos y prefiere meter la mano en los bolsillos de los más débiles, que son los jubilados y enfermos crónicos, haciéndoles pagar un porcentaje de los mismos que antes no pagaban o aquel temerario impuesto del euro por receta, la gestión privada consigue esos mismos fármacos a mejores precios con un procedimiento tan simple como es la aplicación de una de las leyes del mercado: cuantas más unidades se compra, más barata  cuesta cada una. Y todo lo demás es puro artificio.