(Sirva como preámbulo de este
artículo mi reconocimiento expreso de la independencia de jueces y fiscales y
de la presunción de inocencia de Luis Pineda. Así que ruego al lector que a
cada una de las imputaciones que han llevado a prisión a Pineda y que yo
reproduzca en las siguientes líneas le ponga el calificativo de “presunto”, y a
cada una de las referencias que haga de jueces y magistrados les acompañe el
calificativo de “independiente”)
El diario digital Estrella
Digital ha publicado una
información firmada por su director, Joaquín Vidal, que es un secreto a
voces, de la misma forma que secreto a voces eran las prácticas de Luis Pineda
y su Ausbanc. Y es que Joaquín Vidal revela en su
información la colaboración del fiscal jefe de Madrid con la Fundación Areces
en plena guerra judicial de El Corte Inglés (la Fundación Areces es el
principal accionista de los grandes almacenes) y poco después de que diversos
medios publicaran que el ahora encarcelado Luis Pineda pagaba a jueces de la Audiencia Nacional, del
Tribunal Supremo, de audiencias provinciales y de tribunales superiores por
impartir charlas, conferencias y asistir al denominado Foro de la Justicia que organiza esta asociación
desde 2010. Cabría plantearse que si Luis Pineda utilizaba determinadas
actividades de la asociación por él creada y dirigida para acercarse a
magistrados que en un futuro más o menos próximo tuvieran que resolver pleitos
planteados por Ausbanc, acaso la Fundación Ramón Areces, salvando las
distancias, esté utilizando algunas de sus actividades para mantener relaciones
privilegiadas con la administración de Justicia, cuyos tribunales han de
decidir en no pocos asuntos de El Corte Inglés: Desde calificaciones
urbanísticas hasta discrepancias entre sus consejeros o ex consejeros, como
ocurre en estos momentos, después de la expulsión de uno de ellos del Consejo
de Administración a raíz de la operación de préstamo de mil millones de un
millonario qatarí...
En todo caso, resulta paradójico que una de las víctimas de
Ausbanc (El Corte Inglés también cedió en su día –tiempos del anterior
presidente, Isidoro Álvarez- a su “recomendación”, es decir, chantaje o extorsión)
utilice, con mayor refinamiento desde luego, una de las prácticas de Luis
Pineda, que con la intervención de destacados miembros de la judicatura y la
fiscalía en foros por él organizados pretendía dar la impresión de una supuesta
influencia en los pleitos con los que amenazaba a entidades comerciales y/o
bancarias.
Sea como fuere, hay que decir cuanto antes que la relación
de El Corte Inglés y su Fundación Ramón Areces con el mundo judicial no es
precisamente nueva ni se limita a la jornada “La
justicia penal europea: un reto” coordinada
por el fiscal jefe provincial de Madrid, José Javier Polo, sino que son
frecuentes jornadas, cursillos o conferencias relacionados con el mundo de la
Justicia que organiza la Fundación y en los que intervienen destacados miembros
de la judicatura y la fiscalía, sin que ello signifique la renuncia a la
imparcialidad que se les supone por más que, como recoge en su información Diario Digital, un portavoz de la Asociación
Progresista de Fiscales opina que con esta actuación de su colega “la apariencia de imparcialidad se
ve comprometida. La imparcialidad es tan importante como la apariencia de la
misma. Hay que vigilar mucho y cuidar de quién se cobra y cómo. No es lo mismo
hacer estos trabajos para instituciones públicas o para una universidad” que para una empresa.
Estrella Digital se refiere en su información precisamente a la querella por
los delitos de blanqueo de capitales, administración desleal y corrupción entre
particulares, presentada contra los consejeros de El Corte Inglés por la
Corporación Céslar, expulsada del Consejo de Administración por oponerse a la
operación de crédito del jeque qatarí, que días antes de la jornada “La justicia penal europea: un
reto” pasó por la fiscalía del
que luego sería coordinador de la misma, José Javier Polo, que “tramitó la querella –publica Estrella Digital- para que informara sobre ella el
fiscal Decano para Delitos Económicos, Javier Rodrigo de Francia, recientemente
nombrado por él mismo en sustitución de Tomás Herranz”.
Hay que remontarse al pasado siglo para entender aún mejor
las relaciones entre El Corte Inglés y la administración de Justicia. Y habría
también que hacer referencia a la dirección de Prevención y Seguridad de El
Corte Inglés, que durante la presidencia de Ramón Areces desempeñó con absoluta
eficacia Ángel Barriobeña. Cuando se decidió proteger al presidente (en los años de plomo de ETA), se contrató como jefe de escolta a
un comisario de Policía, Juan Carretero, magnifico profesional condecorado con
varias Cruces Rojas y que, al morir Areces, volvió a la Policía como Jefe
Superior en el País Vasco; de allí pasó a la jefatura de Asturias y finalmente
fue jefe de seguridad en la Embajada de España en Lisboa.
El puesto que dejó en El Corte Inglés el comisario
Carretero fue ocupado por Juan Carlos Fernández Cernuda, de la Brigada del
Banco de España y recomendado al presidente de los grandes almacenes por el ex
comisario De Domingo Martorell, que perteneció a la brigada antiterrorista en
los años duros de Eta, y que saltó
a la fama por la liberación
del padre de Julio Iglesias, que había sido secuestrado por la banda
terrorista, y que acabó siendo contratado por el propio cantante como jefe de
seguridad y manager. Fernández Cernuda dependía, al igual que su antecesor, de
Ángel Barriobeña, al que un año después sustituiría también como director de
Prevención y Seguridad. A partir de ese momento, Fernández Cernuda fue cobrando
importancia dentro de El Corte Inglés, dada su proximidad no solo al presidente
Isidoro Álvarez sino también al consejero Florencia Lasaga, hoy presidente
precisamente de la Fundación Ramón Areces.
Pero uno de los grandes incidentes judiciales de El Corte
Inglés, el llamado “convoluto
del AVE”, es, según muchos
conocedores de la historia de los años de presidencia de Isidoro Álvarez, lo
que convierte a Fernández Cernuda en un verdadero “poder fáctico” dentro de El Corte Inglés. La jueza de instrucción
María Teresa Chacón, titular del Juzgado 39 de los de Madrid investigaba
en 1989 las comisiones que la alemana Siemens había entregado por las unidades
del tren de alta velocidad (AVE) inaugurado con ocasión de la Expo de
1992. En aquellos años, era embajador de Alemania en España Guido
Brunner, autor de la famosa expresión “convoluto” para referirse a lo que no era otra
cosa que una importante “mordida”. En efecto, la investigación descubrió
que la multinacional alemana Siemens había utilizado cheques bancarios que
compró en la Unión de Bancos Suizos (UBS), para abonar una serie de comisiones
ilegales a funcionarios españoles durante el Gobierno de Felipe González. Y El
Corte Inglés, entre otros, había realizado algunos canjes de esos cheques a cambio del dinero
efectivo facilitado por Celestino Areces, hermano del anterior presidente,
Ramón Areces, y miembro del Consejo de Administración de los grandes almacenes.
Ante la jueza varios testigos reconocieron que en mayo de 1991 –un año antes de la
inauguración de la línea de AVE Madrid-Sevilla- una partida de 318 millones de pesetas
había sido trasladada desde el edificio donde El Corte Inglés tiene las cámaras
acorazadas hasta la sede de la multinacional Siemens, e incluso se conoció el
detalle de que el furgón en el que fue trasladado el dinero era vigilado por un
hijo de Celestino Areces a bordo de su moto Harley
Davidson. Y Siemens se encargaría luego de depositar esos 318 millones en cualquier paraíso fiscal a nombre de Celestino, lo que configuraba los delitos de evasión de capitales y fraude al fiscal.
Con todos estos datos, la jueza citó al entonces presidente
de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, que pasó los peores días de su vida… hasta
que su señoría admitió que en lugar del presidente acudiera a declarar el
responsable de la Caja Central de Hermosilla, Luis Huete, que después fue “premiado” con la dirección de Súpercor, que
iniciaba entonces su andadura, ahora tan incierta por la crisis que amenaza al
que fuera gigante de las grandes empresas de distribución. Poco le duró el
puesto al ejemplar empleado, porque acabó a las órdenes de Jorge Valls, marido
de la entonces fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, íntima amiga
del juez Baltasar Garzón. Valls trabajaba como director comercial de Chocolates
Lacasa, con sede en Zaragoza, y lógicamente quería trasladarse a Madrid, donde
Isidoro Álvarez le dio cobijo, porque El Corte Inglés y sus distintas empresas
han sido puerta giratoria de antiguos políticos, jueces o –ya se ve- consortes.
También en este asunto le adjudican papel protagonista a
Fernández Cernuda, organizador por cierto en la época de Isidoro Alvarez de importantes
cacerías hasta el punto de que llegó a montar un pabellón de caza en uno de los
cotos del presidente de El Corte Inglés. A las cacerías fueron invitadas muchas
personalidades aficionadas a la caza, entre ellas determinados jueces y
magistrados, y alguno de los cazadores han recibido como regalo magníficas
escopetas y rifles de caza e incluso invitaciones a safaris en África, siempre
con Fernández Cernuda de organizador de esos eventos. Es una versión
modernizada de la inolvidable “escopeta
nacional” de la dictadura.
Fernández Cernuda, con la mejor información de toda la
organización, contempla ahora desde su puesto un panorama en el que hay cacerías diferentes, en las que de un lado Dimas
Gimeno, actual presidente, y de otro Florencio Lasaga, presidente de la
Fundación Ramón Areces, son piezas mayores a abatir, mientras la organización
tiene que frenar a tantos centenares de empleados, ya casi 2.000, que quieren
acogerse al plan de bajas incentivadas. Seguramente pensarán que mejor así que
ser víctimas de cualquier cacería.
