La purga de Telemadrid

El Expediente de Regulación de Empleo de Telemadrid que en el pasado enero afectó al 72 por 100 de la plantilla fue una purga al más puro estilo estalinista. Quiero decir que es un insulto a la inteligencia pretender que hubo criterios diferentes a los estrictamente políticos para prescindir de más de 800 trabajadores, muchos de ellos con plaza obtenida por concurso, mientras se quedaban en Telemadrid los jefes (1.800.000 euros al año a la buchaca de 16 de ellos) y quienes desde que Esperanza Aguirre llegó a la presidencia de la Comunidad de aquella manera han rivalizado en el singular concurso de succionaciruelos a mayor gloria de la lideresa y de sus cómplices en el desmontaje de la sanidad pública, de la educación pública, de la ayuda pública a la dependencia y de un medio público de información que hasta entonces se había ganado un destacado lugar al sol del aprecio profesional y de la audiencia.

No recuerdo ni siquiera en estos tiempos de profunda crisis un expediente de regulación de empleo en una empresa pública como el realizado en Telemadrid con tan escasa negociación, de tan rápida ejecución y, para colmo, diseñado a golpe de talonario por una auditoría y un bufete de abogados a los que se les supone un conocimiento sobre medios de información y periodismo parecido al que yo tengo sobre física cuántica. Por fortuna, ayer, viernes, tuvo su primera revisión judicial en la que se analiza la demanda interpuesta por los sindicatos CCOO, UGT y CGT.

Corresponde, pues, a los magistrados la valoración jurídica de lo ocurrido, pero imagino que no dejará de llamarles la atención hechos tan sorprendentes como que entre los despedidos, además de trabajadores que, como queda escrito, consiguieron su plaza por oposición mientras se han quedado otros que entraron a dedo en Telemadrid, figura prácticamente la totalidad del Comité de Empresa. Quisiera imaginar que no hay mortal –magistrado o no- capaz de tragarse que la viabilidad de Telemadrid pasa necesariamente por la baja del 72 por 100 de su plantilla, incluido el Comité de Empresa,  sin otra posibilidad de negociación, por el mantenimiento en sus puestos con sus insultantes salarios de todos los jefes (si antes eran demasiados para los indios· que había, ¿no les parecerá su número ahora aún más excesivo a sus señorías?), o, en fin, por la preferencia de quienes entraron a dedo sobre los que ganaron su plaza en concurso.

En vísperas del juicio, el presidente de la Comunidad de Madrid, al que en tiempos de bonanza económica el déficit de Telemadrid le parecía “pins” (sic), ha adelantado que si la Justicia anulara el Expediente de Regulación de Empleo, él cerraría la televisión madrileña. Ya se sabe que el lenguaje de Ignacio González anda más cerca de la barra de la taberna que de una representación institucional que le viene tan grande como el ático de lujo de la Costa del Sol le viene a sus ingresos, pero el heredero de Esperanza Aguirre debería de respetar no solo la independencia judicial sino también a los madrileños a los que supuestamente representa y que son los verdaderos propietarios de Telemadrid, con “pins” o con Expediente de Regulación de Empleo.

Deseo por muchas razones –y la primera porque es de Justicia- que los tribunales devuelvan la situación de Telemadrid a los orígenes de una negociación que la voluntad de purga estalinista hizo imposible. Y a partir de entonces veremos si Ignacio González es capaz de cerrar Telemadrid o si alguien le dice que el hábitat del ejercicio del periodismo es la libertad y no las bravatas de barra de taberna, y que lo que tiene que hacer el presidente de la Comunidad de Madrid es apartar sus manos y a sus comisarios políticos de un medio público que, por serlo, no es de su propiedad sino de la de todos los madrileños.